Barra Mexicana de Abogados exige acciones urgentes contra la violencia de género

La Barra Mexicana de Abogados (BMA) hizo un llamado enérgico este martes a las autoridades de los tres niveles de gobierno para implementar medidas efectivas que frenen la impunidad en los casos de violencia de género. El organismo señaló que la falta de resultados concretos en las investigaciones sigue siendo una barrera fundamental para garantizar el acceso a la justicia y la seguridad de las mujeres en todo el territorio nacional.

En un posicionamiento público, la asociación destacó que el sistema de procuración de justicia requiere una revisión profunda en sus protocolos de atención y sanción. Según integrantes de la BMA, el rezago en las fiscalías estatales y la falta de especialización en las unidades de investigación impiden que los agresores enfrenten procesos judiciales adecuados, lo que perpetúa ciclos de violencia que afectan a diversos sectores de la población.

La propuesta de la Barra incluye la capacitación obligatoria para los servidores públicos del Poder Judicial y de las fiscalías en materia de perspectiva de género. Asimismo, sugieren que se fortalezcan las estrategias de coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las policías municipales, con el fin de mejorar la protección inmediata a las víctimas que han presentado denuncias formales ante el Ministerio Público.

El gremio de abogados insistió en que la impunidad debe ser combatida mediante la transparencia institucional y la asignación eficiente de recursos en las dependencias encargadas de la justicia. La BMA subrayó que la violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo que exige respuestas institucionales coordinadas, más allá de las medidas paliativas que han demostrado ser insuficientes en los últimos meses.

Finalmente, la organización refrendó su compromiso de colaborar técnicamente con el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales para la revisión de los marcos legales vigentes. La intención, aseguran, es cerrar los vacíos jurídicos que actualmente permiten que los delitos contra la integridad de las mujeres queden sin castigo, fortaleciendo así el Estado de derecho en México.