Cuestionan uso de aeronaves privadas por parte de Mara Lezama

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se encuentra bajo escrutinio público tras darse a conocer el uso frecuente de aeronaves privadas para traslados oficiales y personales. Diversos sectores han cuestionado la relación entre los propietarios de dichas aeronaves y empresas que mantienen contratos vigentes con la administración estatal, planteando posibles conflictos de interés en la gestión de recursos públicos.

Aunque el equipo de comunicación social de la oficina de la gobernadora ha sostenido que los pagos por estos servicios se realizan a través de cuentas personales, especialistas en transparencia señalan que esta declaración no es suficiente para deslindar responsabilidades administrativas. La normativa vigente exige una separación estricta entre los intereses comerciales de proveedores gubernamentales y las actividades de quienes encabezan el Poder Ejecutivo estatal para evitar irregularidades en las licitaciones.

El debate se centra en la opacidad sobre los registros de vuelo y los contratos de arrendamiento que, en ocasiones, no aparecen detallados en las plataformas de transparencia del estado. Organizaciones civiles han solicitado una auditoría exhaustiva a las bitácoras de vuelo y a los convenios firmados con empresas aeronáuticas para garantizar que no se utilicen recursos públicos para beneficiar a contratistas específicos.

Por su parte, el equipo de la gobernadora ha reiterado que todos los viajes realizados cumplen con los lineamientos de austeridad y transparencia requeridos por la ley. Asimismo, han manifestado su disposición para colaborar con los órganos de control interno si se solicita una revisión formal sobre el origen de los recursos empleados en los traslados aéreos.

Este caso ha puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre el uso de servicios privados por parte de funcionarios de alto nivel en México. La ciudadanía exige claridad ante la percepción de que la proximidad entre gobernantes y proveedores podría incidir en la equidad de las contrataciones públicas en Quintana Roo.