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Dictan sentencias de hasta 165 años a secuestradores en México

Un tribunal federal sentenció a nueve personas involucradas en el secuestro de la actriz Irán Castillo y otras víctimas tras acreditarse su responsabilidad penal.

Redacción La Réplica
Foto: excelsior.com.mx

Un tribunal federal dictó este viernes sentencias de hasta 165 años de prisión contra nueve integrantes de una banda delictiva dedicada al secuestro. Entre las víctimas documentadas en el expediente judicial se encuentra la actriz Irán Castillo, quien fue privada de su libertad en años recientes. La resolución fue emitida tras concluir el proceso penal donde la Fiscalía General de la República presentó pruebas suficientes sobre la participación de los señalados en la comisión de delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada.

Las investigaciones ministeriales, realizadas en estrecha coordinación con las autoridades de seguridad, permitieron desarticular esta célula criminal que operaba en diversas zonas del Valle de México. Según el fallo judicial, los sentenciados deberán cumplir la pena máxima establecida en la legislación vigente para este tipo de delitos, además de realizar el pago de las multas correspondientes por la reparación del daño a los afectados.

El desarrollo del juicio incluyó testimonios y análisis periciales que confirmaron el modus operandi del grupo, el cual seleccionaba a sus víctimas para solicitar rescates millonarios. Durante el proceso, los abogados defensores presentaron diversos recursos legales para intentar reducir las penas; sin embargo, las autoridades judiciales determinaron que los elementos probatorios eran contundentes para ratificar la culpabilidad de cada uno de los nueve sujetos.

Este caso representa un avance en el combate a los delitos de alto impacto que afectan la seguridad pública en el país. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha reiterado que el seguimiento de estos expedientes es una prioridad para garantizar la justicia y reducir la impunidad en casos de privación ilegal de la libertad. Los sentenciados permanecerán recluidos en centros federales de readaptación social bajo estrictas medidas de seguridad mientras se ejecutan las sentencias dictadas por el Poder Judicial.

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