Exigen afectados por crematorio Plenitud disculpa pública a la gobernadora Maru Campos

Un grupo de familias afectadas por las presuntas irregularidades operativas en el crematorio Plenitud, ubicado en el estado de Chihuahua, se manifestó este jueves para exigir una disculpa pública por parte de la gobernadora Maru Campos. Los inconformes sostienen que las autoridades estatales han sido omisas en la vigilancia de los servicios funerarios y en el acompañamiento a las víctimas que denunciaron inconsistencias en la entrega de restos humanos.

La exigencia fue presentada a través de un documento oficial dirigido al Poder Ejecutivo estatal, donde los colectivos detallan la necesidad de garantías de no repetición y una supervisión más estricta sobre las empresas privadas del sector funerario. De acuerdo con los representantes de las familias, la falta de una postura institucional clara ha prolongado la incertidumbre jurídica y el duelo de quienes fueron afectados por las fallas administrativas detectadas en dicho establecimiento.

Por su parte, el equipo de comunicación social del Gobierno del Estado indicó que el caso se encuentra bajo seguimiento por las autoridades administrativas y de salud correspondientes. Se informó que la administración estatal mantiene mesas de diálogo para revisar la situación legal del inmueble y los protocolos de inspección que se aplican a nivel estatal para evitar que situaciones similares afecten a otros ciudadanos.

Los afectados han enfatizado que su petición no busca únicamente una resolución administrativa, sino un reconocimiento público del daño causado por la falta de supervisión. Ante esta situación, han solicitado que la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado actúen de manera coordinada para asegurar que los procesos de cremación cumplan con la normativa vigente y se respeten los derechos de los familiares.

Finalmente, los colectivos han propuesto la creación de un mecanismo de vigilancia ciudadana para supervisar los servicios de cremación y traslado de restos en la entidad. Con esta medida, buscan fortalecer la transparencia en un sector que, a decir de los denunciantes, requiere una reforma profunda en su regulación y en la capacidad de respuesta de las autoridades ante las quejas ciudadanas.