Juez restituye posesión de vivienda a familia de Chalco tras invasión
Una familia de Chalco recuperó su propiedad tras un proceso judicial que ordenó la restitución del inmueble invadido.
Un juez de control del Estado de México ordenó este viernes la restitución de la posesión legal de una vivienda a la familia de Carlota Alfaro en el municipio de Chalco. La medida se ejecutó tras concluir el proceso judicial iniciado por la familia afectada, quienes habían denunciado la ocupación ilegal de su propiedad por parte de personas ajenas a la misma en meses pasados. La diligencia se llevó a cabo con el apoyo de las autoridades locales para asegurar la entrega formal del inmueble.
El conflicto por la ocupación de la vivienda había generado preocupación entre los vecinos de la colonia, quienes reportaron situaciones de incertidumbre en la zona debido a la presencia de los invasores. Tras la resolución judicial, el equipo legal de la familia de Carlota Alfaro confirmó que se cumplieron los protocolos necesarios para desalojar a quienes mantenían el control del predio de manera indebida. Con esta acción, las autoridades buscan brindar certeza jurídica a los propietarios y dar seguimiento a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Durante el operativo de restitución, se mantuvo una presencia preventiva por parte de los elementos de seguridad pública municipal para evitar incidentes durante el desalojo y la entrega física de las llaves. La familia afectada pudo ingresar a su domicilio después de meses de litigio, encontrando daños materiales en la estructura que serán evaluados en los próximos días como parte de la carpeta de investigación en curso. El proceso judicial continúa para deslindar las responsabilidades penales correspondientes contra quienes resulten responsables de la invasión.
Este caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la problemática de la ocupación ilegal de inmuebles en la periferia de la zona metropolitana del Valle de México. Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que mantenga sus documentos de propiedad debidamente actualizados ante el Registro Público de la Propiedad, a fin de facilitar la intervención del Poder Judicial en caso de intentos de despojo o invasiones similares.
